La coherencia en el discurso

Hoy vamos a reflexionar sobre un tema general, la coherencia en el discurso, a partir de un caso hipotético de un tipo de discurso en cierto ámbito. Supongamos un país en el que la explotación y la comercialización de las fuentes de energía y, en particular, de la energía eléctrica están en manos de empresas privadas. Esto no impide, sin embargo, que el Estado tenga una cierta intervención en el precio final que los consumidores pagan por la luz. Grosso modo, una parte de la factura eléctrica que pagan los usuarios se destina a impuestos y demás tasas que marca la administración pública. La otra parte se destina a pagar el servicio y el consumo a la empresa privada correspondiente. Supongamos, además, que este país (mejor dicho, una parte importante de sus habitantes) se encuentra en un período de crisis económica, de manera que muchos de los ciudadanos pasan apuros para pagar un servicio básico como la luz. Vamos a considerar ahora dos posibles propuestas o discursos ante esta situación, asumiendo que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de hacer asequible el precio de la luz para todos los ciudadanos.

Una primera posibilidad para bajar el precio de la luz, al menos para los que no pueden pagar las facturas, es bajar (o suprimir) la parte de la factura que se destina a la administración. Digamos que, así, la administración asumiría parte del coste de la factura renunciando a la recaudación que le correspondería. Supongamos que esta propuesta se hace, entre otros sectores, desde la empresa privada que gestiona la electricidad. Otra posibilidad es bajar (o suprimir) –al menos para los ciudadanos con más dificultades- la parte de la factura que se destina a la empresa privada, la parte relativa al consumo y el servicio. Así, la empresa privada asumiría parte del coste de la factura renunciando a parte de sus ingresos. Supongamos que esta propuesta es la defendida, entre otros, por la administración pública. ¿Cuál de las dos propuestas es más coherente?

Bueno, antes de contestar esta pregunta, veamos qué podría decir, en nuestra situación hipotética, cada una de las partes respecto de lo que propone la otra parte. Por su parte, la administración pública podría alegar que, dada la actual situación de crisis, no puede asumir más gastos (que, en realidad, recaerían sobre el conjunto de los ciudadanos) y que se ve en la obligación de recaudar impuestos para sanear sus cuentas (que son las cuentas de todos). Por una cuestión de justicia, y aunque sea por una vez, la empresa privada, que en época de bonanza ha obtenido grandes beneficios (seguramente inflando el precio de la luz), podría contribuir, dentro de unos límites razonables, a aumentar el bienestar de una sociedad en la que se ha hecho grande y de la que vive perdonando una parte de la factura a los que no pueden pagarla. En cambio, los de la empresa privada que gestiona el servicio eléctrico podrían decir que, en tanto que empresa privada, están para obtener beneficios (eso sí, a cambio de un servicio -recalcan), no están para hacer caridad. Les da mucha pena que haya gente que no pueda pagar la luz, pero las cuestiones de política social son asunto de la administración pública, no de la empresa privada. Además, ellos ya contribuyen positivamente al conjunto de la sociedad pagando sus impuestos como empresa y creando puestos de trabajo.

Bien, volvamos a la pregunta: ¿cuál de los dos discursos hipotéticos es más coherente? Quizá podríamos pensar que los dos tienen su coherencia, dependiendo de los intereses que tengamos. Si somos Estado, es perfectamente coherente defender una postura, y si somos empresa privada es perfectamente coherente defender la otra. Ambas posiciones son relativas. Entonces ¿son igualmente coherentes? No. La coherencia del discurso no sólo se enjuicia por los intereses que hay detrás de una propuesta concreta, sino por la coherencia con el contexto de fondo de ese discurso. Recordemos que el contexto en el que surgen los dos discursos posibles que hemos visto es un marco en el que la electricidad como fuente de energía es explotada, suministrada y comercializada por el sector privado. Ésta es la situación de partida que todas las partes han aceptado. A partir de esta situación dada y de lo que es una empresa privada se sigue que, efectivamente, el discurso defendido por ésta última es más coherente. O el de la administración pública, más incoherente. ¿Qué conclusión deberían de sacar aquéllos a los que, de entrada, les parecía más coherente el discurso del Estado? Pues que cuando se acepta una situación o statu quo inicial, después hay que ser coherente con todo lo que se sigue a partir de ahí. No es coherente defender una cierta postura para reparar una injusticia cuando se ha estado de acuerdo con la situación que origina la injusticia misma.